Puno: prueba de fuego
La región que le dio el triunfo a Humala quiere pasarle la factura detrás del violento liderazgo del dirigente aimara Walter Aduviri. El gobierno regional ya está arrinconado y el presidente electo puede terminar siendo una figura decorativa en la zona más conflictiva y de mayor potencial minero. Esta crónica, que recoge impresiones confidenciales de los principales actores del problema, demuestra que lo que está en juego trasciende la política regional y puede ser clave para el destino de la nueva administración.
Por Ricardo Uceda En revista PODER. 27 de junio de 2011
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| Incendio y saqueo de almacén de Aduana Puno |
El distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito, Puno, comprende un conjunto de cinco comunidades aimaras asentadas a unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia y a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es helado y las tierras, que forman laderas y colinas, no ofrecen ningún cultivo económicamente aprovechable para el hombre o la industria forestal. Los comuneros las dedican al pastoreo de sus ovinos y auquénidos y a la siembra de lo que comen: papas, ocas, cañihua, cebada y quinua. Vuelan uno que otro cóndor y, más continuamente, perdices, golondrinas andinas, el picaflor cordillerano. Huacullani, la capital del distrito, fue fundada en 1821, el año mismo del nacimiento de la República. Después de tanto tiempo, solo el 10 por ciento de sus 10.000 habitantes tiene luz eléctrica y menos de la cuarta parte accede a una red pública de servicios de agua. Allí, en el 2004, la empresaria Karina Villavicencio anunció su pretensión de explorar 3.600 hectáreas del distrito para confirmar si había plata explotable en el subsuelo. La mina se llamaría Santa Ana. Los comuneros escucharon con mucha atención, porque era una oportunidad para cambiar sus vidas.
Ellos sabían de la riqueza de sus tierras. En los alrededores del pueblo había restos de bocaminas construidas en la época colonial. El 18 de mayo de 2004, en la sala de sesiones de la municipalidad de Huacullani, hubo un Cabildo Abierto, y todas las autoridades políticas, comunales, judiciales y educativas, rodeadas por la población asistente, escucharon las propuestas de la empresa, a cargo de los ingenieros César Ríos Caldas y Juan Contreras Cornejo. El alcalde de Huacullani, Manuel Llanos, pronunció entonces unas palabras que ninguna autoridad de su tipo se atrevería hoy a decir en el mismo sitio. Dijo que vivían una situación exasperante a causa de la falta de trabajo y de recursos económicos, y que la minería daría empleo a los pobladores y canon al municipio. Como consecuencia, mejorarían los servicios públicos. El presidente de la comunidad de Ingenio, Leonardo Borda, enumeró necesidades concretas: agua, luz, telefonía, pararrayos, parabólicas, vías de comunicación. A continuación, el resto de oradores, sin interrupción de voces discordantes, expresaron su acuerdo de que retornara la minería a la comarca. Hay un acta con el detalle de las intervenciones y con la firma de todos los representantes de Huacullani. Esta unanimidad es lo más sorprendente, vistos los hechos en retrospectiva. ¿Qué ocurrió para que siete años después estos comuneros odiaran la minería hasta el punto de marchar sobre Puno para incendiar sus locales públicos?
En realidad, no hay nada que explicar. Los pobladores de Huacullani no formaron parte de los miles de comuneros que el 26 de mayo saquearon la Sunat, la Gobernación, la Contraloría y la Aduana de la capital regional, exigiendo la erradicación de la minería de sus tierras. Fueron otros, sus vecinos. Este es un dato importante porque una parte de la conmoción política causada por los sucesos de Puno gira en torno al derecho de consulta a las poblaciones donde existiría actividad minera, y la hipótesis de esta nota es que los comuneros de Huacullani están siendo presionados violentamente. Se funda en demasiados hechos demostrativos de su posición real a lo largo de varios años. Sin embargo, luego de las elecciones apareció un nuevo dirigente del distrito, Abraham Cauna, conocido por haber llamado “genio del proletariado” a Abimael Guzmán, y que pertenece al Movimiento Amnistía y Derechos Fundamentales, que propugna su liberación. Cauna declaró que es falso que Huacullani haya estado en algún momento a favor del proyecto Santa Ana.
—Son inventos de la prensa —dijo—. Son patrañas del gobierno.
¿Cómo apareció Cauna encabezando la protesta social de un distrito que no quería hacerla?
El 2004, en los comienzos de esta historia, no bastaba la aceptación comunal para hacer minería en las tierras de Huacullani. El presunto yacimiento estaba próximo a la frontera y por lo tanto era intocable por ley, salvo que un decreto supremo declarase de interés público la concesión. Además, el proyecto estaba metido en la Zona Reservada Aymara-Lupaca, creada en 1996 sobre 300.000 hectáreas consagradas a la contemplación paisajística y la investigación científica. Brear Creek, que ya estaba en conversaciones con Villavicencio para que le transfiriera el negocio, obtuvo a finales del 2007 que el gobierno le permitiera explorar en una zona de frontera. Y fueron los propios comuneros —los de Huacullani y otras poblaciones contiguas— quienes se encargaron de que Aymara-Lupaca fuera reducida cada vez más hasta desaparecer de sus jurisdicciones. Las autoridades del distrito de Huacullani hicieron las gestiones señalando explícitamente que deseaban liberar sus tierras para dedicarlas a la actividad minera. La causa no era otra, como señalan las múltiples peticiones obtenidas para este informe, que la de “satisfacer necesidades básicas” de la población.
Con la cancha libre, Bear Creek empezó sus actividades exploratorias en el 2008, y hasta que estallaron los problemas mantuvo tratos amigables con los pobladores. La exploración de la plata es sencilla y limpia.
Desde unas plataformas de 5 metros cuadrados, se realizan sondajes de 150 metros de profundidad y 10 centímetros de diámetro, se extrae material para analizar, se cierran los conductos y asunto concluido. Primero las compañías piden autorización para perforar unos pocos canales y, conforme el yacimiento promete, hacen más perforaciones en extensiones más amplias y para fines cada vez más orientados a delimitar el cuerpo mineralizado y a cuantificar las reservas. Hasta 2010, Bear Creek hizo unos doscientos sondajes: lo suficiente para anunciar que tenía reservas de plata por 63 millones de onzas y una vida productiva de once años. Una mina chica, de 70 millones de dólares de inversión, treinta veces menor que los grandes proyectos mineros en el Perú. De todos modos, iba a dar prosperidad a Huacullani, que durante los estudios de prospección empezó a sentir los beneficios: algo de empleo, un pequeño mercado de servicios.
Desde que se instaló en las montañas, Bear Creek declara haber desarrollado 48 reuniones informativas con las comunidades. En octubre del 2008, un grupo foráneo organizó una manifestación en contra suya en su campamento, y destruyó y saqueó parte de sus oficinas. Después la compañía no afrontó otro contratiempo, mientras el líder de los agresores, Hugo Llano —por entonces admirador de Evo Morales y organizador de cumbres de pueblos originarios— se volvía moderado y se alejaba de la conducción del movimiento antiminero, que pareció entrar en un reflujo. Reapareció en febrero del 2011, con una consigna y otro dirigente. La consigna era “No a la minería en Puno”. Y el nuevo nombre Walter Aduviri, un agitador audaz, que hacía poco había representado al distrito de Santa Rosa de Mazocruz para gestionar la desaparición de la reserva Aymara-Lupaca. Hay un vacío en la biografía política y profesional de Aduviri: se reclama aimara y no partidarizado y su discurso afirma una soberanía étnica más que una ideología. El hecho es que se presentó en Huacullani, en la audiencia pública del tercer Estudio de Impacto Ambiental de Brear Creek, y conminó a los comuneros a rechazar el proyecto. Ingresó acompañado del alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino, y de varios dirigentes de otras comunidades, quienes también se expresaron contra la mina. Eran extraños, una clara minoría. El auditorio no les hizo caso.
Hay un video de esta reunión, que muestra a los asistentes de Huacullani conformes con el proyecto. Podría decirse de otro modo: no había oposición. Es imposible saber, sin embargo, si la población estuvo bien informada. El sistema de consulta de los estudios de impacto ambiental es inadecuado, como opina un experto más adelante, así que una comunidad puede aprobar algo que en realidad no sabe bien qué es. Por otra parte, este estudio no previó las rivalidades entre Huacullani y las comunidades próximas, especialmente con Kelluyo, con la que mantuvo de antiguo una disputa territorial. Habría celos vecinales, por la desigualdad entre los poblados en el reparto de los beneficios. En este contexto, la política minera predicada por Aduviri como parte de una agenda política, sintoniza con el sentimiento del perro del hortelano de quienes no tendrán el canon. Pero eso aún no se percibía en el comienzo del año. Se apreciaba lo que mostró a la audiencia pública: a las comunidades de Huacullani esperando que la mina Santa Ana fuera explotada para mejorar su situación.
Las cosas se precipitaron rápidamente después de aquella reunión. En Desaguadero hubo una asamblea de pobladores para considerar la penetración de la minería en la zona, que ya contaba con la complacencia de los de Huacullani. Desaguadero era un bastión del movimiento Raíces, que ganó en primera vuelta las elecciones regionales, pero cuyo candidato, el rector de la Universidad Andina, Juan Luque, perdió ante Mauricio Rodríguez en la segunda ronda. Rodríguez había quedado en minoría en el Consejo Regional, y los de Raíces estaban ávidos de hacerle sentir su poder. En la asamblea, se dijo que el gobierno de Puno debía prohibir la actividad minera. Además, se divulgó una grave acusación contra el presidente regional: Bear Creek se lo había llevado a Canadá con gastos pagados y allí le lavaron el cerebro. Se había convertido en traidor, en un hombre de las empresas mineras.
A mediados de marzo, Walter Aduviri se presentó en una reunión del Consejo del Gobierno Regional de Puno y conminó a sus miembros a aprobar una ordenanza que suspendía concesiones mineras en Puno y solicitaba al Ministerio de Energía y Minas cancelar los títulos de Bear Creek en Santa Ana. La presentó en su condición de dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno. El cargo lo obtuvo en una asamblea de 1.000 personas en Lloroco, con buena parte de delegados llevados en camiones por el alcalde de Desaguadero, el militante de Raíces Juan Aquino. Este frente y la delegación de Raíces en el gobierno regional sincronizaban como un reloj. Fueron los consejeros de Raíces quienes aprobaron el viaje de Rodríguez al exterior —invitación de un proyecto peruano-canadiense para la reforma de la minería— y transmitieron la información a sus detractores. Cuando llegó la propuesta de Aduviri, la aprobaron de inmediato. Rodríguez no quiso firmarla porque los gobiernos regionales no tienen competencia sobre proyectos de mediana y gran minería. Era una ordenanza ilegal y demagógica.
Ahora bien, ¿qué era Raíces? Un movimiento fundado por el ex alcalde de Puno Mariano Portugal, personaje con varias banderas y acusaciones a cuestas. En julio próximo, juramentará como parlamentario electo por Perú Posible, cuyas bases en Puno se opusieron a su candidatura. Antes de fundar Raíces, estuvo con el fujimorismo y con Solidaridad Nacional. Varios procesos judiciales abiertos en su contra, recuerdo de su paso por el sector público, aún no conocen sentencia definitiva. La dirigencia de Raíces la componen sus allegados y ahijados. Raíces ayudó al posicionamiento de Aduviri y un grupo de dirigentes del sur que conforman el núcleo del movimiento antiminero. A su vez, estos activistas apoyaron a Portugal en su campaña. Su propaganda electoral era la única permitida durante las movilizaciones de abril y mayo. Así las cosas, ¿es Portugal el jefe de Aduviri, y por lo tanto la eminencia gris del llamado movimiento de los aimaras?
Realmente no. Aunque Aduviri necesita a Raíces para operar en el gobierno regional, la bandera antiminera le es propia, y con ella ya se convirtió en el líder político más importante de la región. Una causa es que su prédica coincide con la crisis del actual sistema de concesiones. Por diversos motivos, se ha deslegitimado e irrita en comunidades serranas como en Ancón el puerto ya cancelado del grupo Romero. Otro motivo es el agravamiento de los estragos que produce en la agricultura de Puno la minería informal, aunque esta actividad no parece importarle mucho al dirigente. La minería es invasiva y dañina: esa es la imagen que se vende agresivamente en la región. Esto contrasta con el enorme potencial minero de Puno, muy escasamente aprovechado. El 15% de su territorio está entregado en concesión, pero menos de 1% ha sido explotado, y las áreas exploradas son solo 0,56%.
El 30 de marzo, ante la negativa de Mauricio Rodríguez a firmar la inútil ordenanza, Aduviri encabezó una marcha de sacrificio de 2.000 pobladores hacia Puno. Los había de Kelluyo, Desaguadero, Juli, Pomata, Chucuito, Capazo, Yunguyo, el Collao, Acora y Zepita, pero no de Huacullani. Un día antes, en la ciudad marcharon los estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Ellos recibían recursos del canon y estaban a favor de la minería. Había llegado también a Puno una delegación de Huacullani, sin marcha ni banderolas, para entrevistarse con el presidente regional.
—Ellos quieren que el proyecto Santa Ana se desarrolle —informó luego Rodríguez—. Esto demuestra que la consulta debe ser muy amplia.
Los delegados de Huacullani, encabezados por su alcalde Braulio Morales, hicieron saber a Rodríguez que ellos no participarían en ninguna marcha contra la minería. El documento que dejaron en aquella visita dice: “No estamos de acuerdo con manifestaciones en contra del desarrollo y progreso de nuestro pueblo”. Concluye precisando que Santa Ana se encuentra en su jurisdicción distrital y no en la de los manifestantes.
De estas cuatro expresiones, incluyendo a Rodríguez, la de los comuneros de Desaguadero y alrededores era la más fuerte y la que prevalecería. Tenían parte de la razón —la consulta debió haberlos involucrado desde el comienzo, aunque la sabotearan—, pero sobre todo poseían la fuerza. El 6 de abril, por ejemplo, el presidente regional debía asistir en Juli a una “mesa de concertación” previamente pactada, y no fue porque la policía le advirtió que terminaría de rehén. Por supuesto, esta policía se declaraba incapaz de protegerlo. Fuera cierta o no la celada, su ausencia contribuía a reforzar la idea de una autoridad sin control de su territorio. En cambio, a los comuneros se les temía. No solo podían parar la economía y el transporte de una ciudad sino agredir físicamente. A su paso, en las marchas, podían amenazar con sus chicotes a los periodistas si fotografiaban o escuchaban conversaciones. Entre ellos mismos, de acuerdo con testimonios recogidos en Puno para este informe, se estableció una disciplina inflexible: quien no marchara hacia Puno con el grupo de manifestantes era multado con 30 soles diarios, y podía sufrir el apedreamiento de su casa. Sus declaraciones públicas eran terminantes: si no nos atienden, aténganse a las consecuencias.
Sin embargo, el presidente Rodríguez se mantuvo en sus trece. El frente antiminero convocó a un paro contra el gobierno regional, el 25 y 26 de abril, que fue acatado parcialmente en el sur. Después se produjo una huelga indefinida, con bloqueo del puente internacional de Desaguadero. La presión se dirigía no solo contra el presidente regional sino contra el gobierno, el único que podía decidir que no hubiera minería en Puno. Energía y Minas aceptó negociar, y el 17 de mayo envió una delegación encabezada por el viceministro Fernando Gala. En la sala de reuniones había unos setenta representantes de los huelguistas. Al director general de Asuntos Ambientales, Felipe Ramírez, no lo dejaron hablar.
Ramírez estaba diciendo que la población de Huacullani aprobaba el proyecto Santa Ana. Narraba el armonioso desarrollo de la presentación del estudio de impacto ambiental cuando comenzaron las pifiaderas y protestas.
—Pero si usted estaba allí. Lo ha visto. Usted también —dijo Ramírez, dirigiéndose a Aduviri y al alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino.
Después de dos días de conversaciones, la ronda terminó sin resultados. En vano el presidente regional, Mauricio Rodríguez, accedió a firmar la ordenanza estéril, que anulaba declarativamente las concesiones mineras, diciendo que lo hacía en contra de su voluntad y para propiciar un entendimiento. Hubo otra reunión, igualmente infructuosa, en el cuartel de Juliaca. El Ministerio de Cultura declaró la intangibilidad del sagrado cerro Khapia —una demanda menor surgida en las negociaciones— y los huelguistas rompieron la resolución en la Plaza de Armas de Puno.
Estas reuniones, por cierto, eran una farsa, porque ambas partes sabían que no llegarían a ningún acuerdo. Aduviri mantenía una demanda imposible y el Ministerio de Energía y Minas proponía decretos inocuos, resoluciones que no podían afectar los derechos adquiridos de Bear Creek. Tras el diálogo roto, el jueves 19 de mayo los huelguistas se replegaron a Desaguadero, donde el viernes celebraron una asamblea. El lunes por la tarde, regresaron a Puno y anunciaron el vandalismo a voz en cuello. “Si no hay solución, haremos saqueo”, gritaban, en su marcha por las calles. Al día siguiente, el diario Los Andes publicó la amenaza y los comercios cerraron. Todos sabían lo que iba a pasar, sobre todo la policía.
A las cinco de la tarde del 26, antes del saqueo de instituciones públicas, los comuneros cerraron las calles del centro de la ciudad para que nadie pasara. Había locales señalados: una cinta negra de plástico cruzaba sus fachadas. Los comuneros estaban organizados de forma que los locales fueron atacados simultáneamente. A las 5:30, ya se veía humo en el local de la Sunat. A las siete, todos se habían ido. Las fotos publicadas por la prensa fueron tomadas después del vandalismo. En la Aduana, en las afueras de la ciudad, el saqueo primero fue obra de los manifestantes y después corrió a cargo de vecinos y delincuentes, hasta el día siguiente. La policía estuvo dos días fuera de las calles.
—Son órdenes de Lima —le dijo un oficial a un periodista amigo suyo.
La asonada se produjo a nueve días de las elecciones. El 27, en Lima, el gobierno llegó a un arreglo con parte de los huelguistas: ya no se entregarían más concesiones mineras en Puno. “Era un saludo a la bandera —dijo una fuente del MEM para esta nota—. Casi todo lo concesionable se ha entregado ya”. Aduviri desconoció estos acuerdos y logró que sus bases de Desaguadero continuaran en huelga. Fue por entonces que celebró una entrevista secreta con representantes de Ollanta Humala, el candidato que podía perder las elecciones si Puno no votaba. El resultado fue que la huelga fue levantada y los votos de la región hicieron su aporte a la victoria. Uno de los representantes que participó en la reunión con Aduviri dijo para este informe:
—Aduviri es un hombre razonable. No entiendo por qué lo consideran intransigente.
Después de las elecciones, las comunidades del sur de Puno volvieron a la carga, y nuevamente el puente internacional de Desaguadero volvió a ser bloqueado por huelguistas. El movimiento hizo reajustes con los disidentes. El 30 de mayo, en el distrito rebelde de Huacullani, se celebró una asamblea general de todo el movimiento antiminero, donde los principales oradores fueron líderes de otras partes de Puno e incluso del Cusco. De esta asamblea salieron los acuerdos que se concretarían en las paralizaciones de las semanas siguientes, que continúan hasta hoy. Los comuneros asistentes del distrito aceptaron sin resistencia la nueva orientación. Aceptaron también a su nuevo vocero, Abraham Cauna, elegido por aclamación. El alcalde, Braulio Morales, ya no estaba en la asamblea. Inauguró el evento y se retiró silenciosamente.
En otros lugares de Puno, junto con la protesta antiminera surgieron nuevas demandas y paralizaciones. En Carabaya hubo una huelga general, con cierre de la carretera Interoceánica, para inhabilitar el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, que inundaría 40.000 hectáreas cultivables e implicaría la reubicación de 70 poblaciones. El gobierno apagó la protesta cancelando “definitivamente” la concesión temporal a Egesur, aunque en realidad el consorcio brasileño ya había culminado los estudios de factibilidad para los que la solicitó. Como esta cancelación definitiva de un acuerdo temporal que ya concluyó es un poco redundante, posiblemente los puneños hagan otro paro al nuevo gobierno exigiendo la cancelación definitiva de la posibilidad de que el proyecto resucite. Esto podría ocurrir si Egesur reaparece con un Estudio de Impacto Ambiental para ser consultado a los puneños, pero tal vez se tome su tiempo. Inambari es parte de un acuerdo energético con Brasil que implica la construcción de otras cuatro centrales, y forma parte del legado de dilemas que el gobierno de Ollanta Humala debe afrontar dentro de un mes.
Hubo otros pasos por la inacción gubernamental ante la contaminación de la cuenca del río Ramis. Esto se debe principalmente a la minería informal, que en Puno es la principal expresión de la industria y que no es combatida, pese a que hay 30.000 personas ejerciéndola. La fiscalización le fue transferida al gobierno regional desde el 2008. Julio Misme, director de Energía y Minas de Puno, dijo para esta nota que su dependencia carece de movilidad, de equipos y de gente, y que ni un centavo de su presupuesto está destinado a controlar los desechos tóxicos de la actividad. En la región hay más de 250 pasivos ambientales que contaminan los ríos y que producen igual número de conflictos. No se combate ni la prostitución infantil dentro de las minas informales. Tampoco se lucha agresivamente contra el contrabando y el narcotráfico.
—Puno necesita un paquete de medidas, nada de disposiciones aisladas —dijo para esta nota un futuro miembro del gobierno electo—. Pero aún no sabemos cómo debe ser.
Por un lado, el futuro gobierno estudia la modificación del sistema de concesiones, creando un fideicomiso que contrataría a las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, de forma que ya no fueran un traje a la medida de los inversionistas. Las contratistas auscultarían a la población y pedirían a las mineras estándares que resuelvan sus preocupaciones. Pero tal vez el fondo del asunto en Puno no sea el derecho de consulta. Tal vez tampoco lo sea el futuro de la minería o el progreso de la región. Quizá lo fundamental que se juega allí es el cogobierno de Ollanta Humala y sus ministros con un movimiento social dirigido por Aduviri.
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